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Ejidatarios denuncian corrupción en asignación de derechos de agua por presunta falsificación de documentos y tráfico de influencias en organismo federal.
Torreón

Denuncian presuntas irregularidades en la asignación de derechos de agua en ejido San Antonio de los Bravos

Ejidatarios denuncian corrupción en asignación de derechos de agua por presunta falsificación de documentos y tráfico de influencias en organismo federal.

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Autor: Mariana Mejí­a
18 de marzo de 2026 a las 09:27 · 91 Vistas · 2 min de lectura

Integrantes del Comité Directivo Ejidal de San Antonio de los Bravos realizaron una denuncia pública por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo en el proceso de asignación de derechos de agua pertenecientes al núcleo agrario.

De acuerdo con los representantes ejidales, las irregularidades estarían siendo cometidas por el director de Administración del Agua del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, Gabriel Riestra Beltrán, en coordinación con Elizabeth Estrada Macías, a quien señalan como representante de la Central Campesina Cardenista.

Los denunciantes aseguran que ambas personas habrían utilizado documentación presuntamente falsa y usurpado funciones para favorecer la asignación de derechos de agua a personas que no cuentan con la calidad de ejidatarios.

El Comité Directivo Ejidal sostuvo que sus integrantes cuentan con acreditaciones legales expedidas por el Registro Agrario Nacional, las cuales respaldan su carácter como representantes del ejido.

Asimismo, señalaron que el funcionario federal tendría conocimiento de que Rutilio Lozano Muñoz no funge como presidente del comisariado ejidal, ni Estrada Macías como representante del núcleo agrario, pese a lo cual, aseguran, se habrían realizado negociaciones para entregar derechos de agua a un listado de personas externas al ejido, incluyendo derechos considerados vacantes y propiedad del mismo.

Los ejidatarios denunciaron que, tras acudir ante el funcionario para solicitar que dichos derechos fueran restituidos al ejido, éste les habría indicado que cuenta con la facultad de decidir sobre su asignación y que, en caso de inconformidad, podrían recurrir a instancias legales.

Además, afirmaron que por la recuperación y entrega de estos derechos se estaría cobrando aproximadamente 3 mil 500 pesos por cada uno a las personas incluidas en el listado, lo que, señalaron, evidenciaría un posible interés económico en el proceso.

Ante esta situación, el Comité Directivo Ejidal exigió respeto a las decisiones tomadas por la asamblea de ejidatarios de San Antonio de los Bravos y manifestó su rechazo a lo que calificaron como arbitrariedades en la administración de los recursos hídricos del ejido.

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CONAGUA

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